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Organizaciones sociales reprochan a Alonso que "use muertos para alardear de caída en lista de espera de Dependencia"

"Lo más grave y obsceno es intentar alardear de una ficticia rebaja en la lista de espera utilizando a los más de 117.000 dependientes fallecidos sin haber recibido la prestación que por ley tenían reconocida", ha denunciado el portavoz del colectivo, José Luis Gómez-Ocaña

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  • Alonso. -

La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD) ha acusado al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, de "utilizar a los muertos" para "alardear" de la reducción de la lista de espera para acceder a servicios de Atención a la Dependencia que se ha producido durante la gestión del actual Ejecutivo.

   "Lo más grave y obsceno es intentar alardear de una ficticia rebaja en la lista de espera utilizando a los más de 117.000 dependientes fallecidos sin haber recibido la prestación que por ley tenían reconocida", ha denunciado el portavoz del colectivo, José Luis Gómez-Ocaña.

   De este modo, se ha referido el colectivo a las declaraciones de este jueves en las que el ministro se "congratuló" de la reducción (de un 45%) y aseguró que "prácticamente cuatro de cada diez beneficiarios que tienen prestación efectiva se han incorporado al sistema a lo largo de esta legislatura".

   En su intervención, Alonso rechazó la acusación que le refirieron también portavoces de la oposición y aseguró que "no es cierta" y señaló que el número de beneficiarios es "mucho mayor" que el de fallecidos.

   Sin embargo, COES-LAPAD ha insistido en que "por primera vez" el número de personas que se quedan sin esta prestación (733.092) es superior al que la reciben, un total de 729.313.

   "Hay más de 167.000 personas dependientes con derecho reconocido y que no reciben la prestación que por Ley les corresponde. Cada hora y de forma continua durante 3 años, 2 dependientes han perdido la prestación económica que recibían, 52.236 menos durante la legislatura", ha asegurado la organización.

   Por ello, han atribuido los datos y la "forma de proceder" del Ejecutivo a un "carácter inhumano, canalla y en muchas ocasiones ilegal" que, según han asegurado, ejerce contra "el sector de la sociedad más frágil y débil".

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