De este modo, los mencionados hechos se remontan a los meses previos a las elecciones municipales de mayo de 2003, cuando la querella en cuestión fue objeto de una gran utilización política en los medios de comunicación contra la figura personal del alcalde, Pedro Fernández Montes, no sólo por su actuación municipal, sino también a nivel particular, con el claro objetivo de desacreditarle como persona y, con ello, intentar influir en el resultado de las elecciones municipales que iban a celebrarse el 25 de mayo de ese mismo año 2003.
Asimismo, en la querella se acusaba a Pedro Fernández Montes de prevaricación y cohecho en las cuentas de la empresa municipal SAMSET, a lo que se unió el informe del perito David Compés, nombrado por la Dependencia Regional de Inspección de Málaga, dependiente de la Junta de Andalucía, informe que posteriormente fue desacreditado por la Fiscalía porque "barajó cifras muy superiores a las señaladas por la Inspección de la Agencia Tributaria y, desde luego, sin tener apoyo contable alguno".
Por otro lado, en base a la fraudulenta documentación aportada por José Avila González, la entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, presentó el 15 de noviembre de 2002 ante el Tribunal de Cuentas "denuncia por falsedad de cuentas públicas, cierre en falso de las cuentas, etcétera, en la empresa SAMSET" y, como ampliación a la denuncia interpuesta por la misma Monserrat Reyes ante la Agencia Tributaria, de la cual el consejero del Tribunal de Cuentas ordenó en abril de 2003 "el archivo de las diligencias preliminares por no ser los hechos denunciados constitutivos ni siquiera de responsabilidad contable".
