Rechazo frontal de Upeco a los ?minipisos? del Ayuntamiento
Para los constructores significa ?renunciar a hacer viviendas asequibles de calidad?
La propuesta del Ayuntamiento de Huelva de construir “unidades habitacionales con servicios comunes” para estudiantes universitarios y familias con dificultades no ha recibido una buena acogida por parte del sector de la construcción.
Es una iniciativa del equipo de Gobierno que ayer dio un paso más con la aprobación, en pleno, de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para dar cabida a esta modalidad de vivienda de alquiler recogida en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.
Según indicó el Ayuntamiento, se trata de “unidades habitacionales con zonas y servicios comunes destinadas a facilitar la realización de su finalidad social”. De esta forma, indicaron, “el Ayuntamiento mantiene su compromiso, utilizando todas las posibilidades y legislaciones urbanísticas a su alcance para fomentar la vivienda de protección pública”.
Sin embargo, esta explicación no convence a la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción de Huelva (Upeco), que mostraron este jueves en un comunicado su “oposición total” a la propuesta, postura consensuada durante una reunión de la junta directiva.
En este sentido, critican que “esta propuesta no es más que construcción de minipisos con cuartos de baño de uso comunitario y otros servicios de uso comunitario que suponen la recuperación del ‘Brasil grande’, antigua casa de vecinos situada en el actual Parque América”.
Además, Upeco lamenta que, tras esta decisión, se esconde “la renuncia por parte del Ayuntamiento de Huelva de hacer viviendas asequibles de calidad”.
Propuesta sobre la mesa
A la patronal de la construcción en Huelva no le vale el argumento del Consistorio de que el fin último es fomentar la vivienda de protección pública, ya que según asegura, “en vez de insistir en la propuesta de minipisos en corralito, el equipo de Gobierno podría atender la propuesta de Upeco que tiene desde hace años para construir VPO y VPT (Viviendas a Precio Tasado) a 100.000 euros”.
Pese a tener esta propuesta, “no han hecho nada en cuatro años sobre este asunto y sobre estas propuestas; ni siquiera se ha tenido en cuenta la opinión de profesionales del sector para llevar a cabo este tipo de viviendas de calidad y asequibles”.
Por último, Upeco también reclamó al Ayuntamiento la desaparición de la Empresa Municipal de la Vivienda, una petición extensible al resto de administraciones, por “la inoperancia demostrada durante los últimos cuatro años y por el gran coste que supone para las administraciones públicas”. Así, lamentan que “en cuatro año no se ha construido ninguna vivienda ni se han dado préstamos para la vivienda, mientras han desaparecido más de 2.000 empresas privadas de la construcción en la provincia”.
Más impuestos sobre la vivienda
Upeco recuerda que desde el Ayuntamiento se han subido, por la revisión del ICIO, los impuestos sobre la vivienda. Además, las VPO de Huelva tienen las bonificaciones “más pequeñas” de Andalucía.
Se desvinculan de la propuesta de Ceacop
Upeco se desvincula de la propuesta de Ceacop de llevar a la Fiscalía la actuación de las administraciones por las deudas con las constructoras, ya que “las personas jurídicas no son objeto de responsabilidad penal”.
Es una iniciativa del equipo de Gobierno que ayer dio un paso más con la aprobación, en pleno, de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para dar cabida a esta modalidad de vivienda de alquiler recogida en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.
Según indicó el Ayuntamiento, se trata de “unidades habitacionales con zonas y servicios comunes destinadas a facilitar la realización de su finalidad social”. De esta forma, indicaron, “el Ayuntamiento mantiene su compromiso, utilizando todas las posibilidades y legislaciones urbanísticas a su alcance para fomentar la vivienda de protección pública”.
Sin embargo, esta explicación no convence a la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción de Huelva (Upeco), que mostraron este jueves en un comunicado su “oposición total” a la propuesta, postura consensuada durante una reunión de la junta directiva.
En este sentido, critican que “esta propuesta no es más que construcción de minipisos con cuartos de baño de uso comunitario y otros servicios de uso comunitario que suponen la recuperación del ‘Brasil grande’, antigua casa de vecinos situada en el actual Parque América”.
Además, Upeco lamenta que, tras esta decisión, se esconde “la renuncia por parte del Ayuntamiento de Huelva de hacer viviendas asequibles de calidad”.
Propuesta sobre la mesa
A la patronal de la construcción en Huelva no le vale el argumento del Consistorio de que el fin último es fomentar la vivienda de protección pública, ya que según asegura, “en vez de insistir en la propuesta de minipisos en corralito, el equipo de Gobierno podría atender la propuesta de Upeco que tiene desde hace años para construir VPO y VPT (Viviendas a Precio Tasado) a 100.000 euros”.
Pese a tener esta propuesta, “no han hecho nada en cuatro años sobre este asunto y sobre estas propuestas; ni siquiera se ha tenido en cuenta la opinión de profesionales del sector para llevar a cabo este tipo de viviendas de calidad y asequibles”.
Por último, Upeco también reclamó al Ayuntamiento la desaparición de la Empresa Municipal de la Vivienda, una petición extensible al resto de administraciones, por “la inoperancia demostrada durante los últimos cuatro años y por el gran coste que supone para las administraciones públicas”. Así, lamentan que “en cuatro año no se ha construido ninguna vivienda ni se han dado préstamos para la vivienda, mientras han desaparecido más de 2.000 empresas privadas de la construcción en la provincia”.
Más impuestos sobre la vivienda
Upeco recuerda que desde el Ayuntamiento se han subido, por la revisión del ICIO, los impuestos sobre la vivienda. Además, las VPO de Huelva tienen las bonificaciones “más pequeñas” de Andalucía.
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Upeco se desvincula de la propuesta de Ceacop de llevar a la Fiscalía la actuación de las administraciones por las deudas con las constructoras, ya que “las personas jurídicas no son objeto de responsabilidad penal”.
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