Según la idea del Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que junto con Exteriores y Cooperación son los responsables de la política de extranjería, la estancia de los irregulares para su expulsión se prolongará 20 días más, es decir de los actuales 40 a 60 días.
No es la única novedad del texto ya que también contempla las dificultades para el reagrupamiento familiar lo que supone seguir en la senda del retorno voluntario, vía que a pesar de la crisis económica existente, se han apuntado menos inmigrantes de los que el ejecutivo esperaba.
En lo que se refiere a los CIEs, las asociaciones proderechos humanos siempre han denunciados sus condiciones y han incidido en el hecho de que los inmigrantes iregulares no son delincuentes sino personas que han cometido una irregularidad administrativa pero no un delito. A las precarias condiciones de estos CIEs se suman algunos escándalos como el que protagonizaran años atrás policías que custodiaban a mujeres en Málaga que fueron acusados de organizar fiestas y mantener relaciones sexuales con las retenidas.
En consonancia con la línea europea se endurecen las condiciones hacia los inmigrantes irregulares aunque sin llegar a los extremos de la directiva europea que permite hasta 18 meses de internamiento.
Hay que recordar que el flujo migratorio hacia las costas españolas ha bajado pero tampoco conviene olvidar que la gran mayoría de irregulares entra por los aeropuertos, no sólo de España sino también del resto de Europa (Milán, Amsterdam, Frankfurt y París, entre otros). Por cierto, tambiñen hay que reseñar la denuncia sobre las condiciones en que estaban sometidos los irregulares en los centros de los aeropuertos españoles, en especial Barajas, que tuvieron que ser modificadas.
En resumen, la necesidad de reforma, ampliación y modernización de los CIEs en España se antoja necesaria si se quiere llevar a cabo la nueva ley de extranjería.
