El Partido Popular realizó ayer una valoración “positiva” del resultado del ciclo de declaraciones realizadas ante el Tribunal Supremo para aclarar el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Jerez en las contrataciones de Fitur 2004 con empresas de la trama Gürtel. Entre otras cosas porque, entre las declaraciones de María José García-Pelayo y la de los testigos citados este pasado lunes, considera “corregidos los errores” que aparecían en los autos judiciales sobre este asunto y, en su opinión, alejan cada vez más a la exalcaldesa de tener que sentarse en el banco de los acusados.
Según defendía en el día de ayer el secretario general provincial del PP, Antonio Saldaña, “después de siete años”, García-Pelayo “se ha podido explicar”, y tras las declaraciones de los últimos testigos considera “patente que no firmó ningún documento”, salvo las dos resoluciones que le llegaron del IDPC (Instituto de Promoción de la Ciudad), avaladas por los informes técnicos, y para las que estaba facultada. Este aspecto, de hecho, fue finalmente reconocido por el perito de la IGAE (Intervención Feneral del Estado) que compareció como testigo, tras apuntar ante el juez que desconocía la resolución de 1998 que daba competencias a la alcaldesa para firmar en nombre del citado organismo, cuestión por la que en su día señaló que no tenía competencias para hacer esa función. Asimismo, Saldaña resaltó que en su declaración aludió a su vez a que con los plazos que se barajaban no se podía hacer otro procedimiento.
Pero Saldaña no se queda sólo ahí, sino que apunta a otra clave aportada por los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que declararon como testigos y que “desvincula a García Pelayo del procedimiento”, ya que “reconocieron que no hay constancia en ningún resgistro, ni en ningún dato”, de que la exalcaldesa “hubiese instigado, colaborado o tuviese conocimiento” de la tramitación; “sólo se limitó a firmar las dos resoluciones”.
En este sentido, el secretario general del PP reconoció que en el partido están “contentos, porque una cosa es que haya un procedimiento en cuestión, y otra cosa es que se investigara un caso de cohecho o de malversación de fondos, cosa que no es así, puesto que aquí lo que se ha puesto en entredicho es una tramitación administrativa”.
Valoración de la defensa
Desde la defensa de María José García-Pelayo, ejercida por Juan Pedro Cosano, también se ha incidido en términos similares; en especial en lo relativo a las declaraciones de los agentes de la UDEF, que dijeron “que en ningún caso aparece la exalcaldesa María José García-Pelayo como conocedora o inductora”. Por otra parte, Cosano también apuntaba a las manifestaciones de la IGAE, a través de un perito, que señaló ante el magistrado del Tribunal Supremo que el posible delito si lo hubiese, estaría prescrito al haber transcurrido más de diez años desde el hecho. Según explicó, los hechos habían ocurrido en 2004 y el Código Penal de entonces fijaba un tiempo de prescripción de diez años. Cabe recordar que la exalcaldesa fue imputada en el año 2015, por lo que la defensa alegaba la prescripción del posible delito si lo hubiera. En este sentido, ha añadido que por su parte la Fiscalía defiende que los pagos a las empresas, que se realizan en diciembre de 2004 habían sido ilegales porque no se había retenido a las empresas el cuatro por ciento del precio como garantía, pero el perito de la IGAE manifestó que como el contrato fue ejecutado “a satisfacción de las partes entre enero y febrero de 2004, la garantía del cuatro por ciento carecía de sentido, por lo que el pago hecho por el Ayuntamiento en el mes de diciembre fue correcto y lícito”. A juicio de la defensa de García Pelayo, “ya no hay ningún hecho delictivo situado en el periodo en donde la prescripción fuera de 15 años, sino que todos los hechos se remontan a enero o febrero de 2004, cuando la prescripción era de diez años”.
Por otra parte, la defensa señala que los funcionarios del Ayuntamiento que declararon este lunes manifestaron que “a Alcaldía no llegaban los expedientes enteros, sino que únicamente la resolución que tenía que firmar García-Pelayo junto con el informe del interventor o secretario cuando se trataba de una contratación”.
“En el PSOE están ya nerviosos”
El secretario general provincial del PP, Antonio Saldaña, también hizo ayer su lectura política de la situación y aludió a que “en el PSOE han empezado a ponerse nerviosos, porque toda la información que se ha aportado ante el Supremo y todo el procedimiento está arrojando luz sobre algo que se ha intentado manipular desde el primer día”. Saldaña insistió en que “ya no valen las opiniones interesadas de terceros”, en alusión a las explicaciones sobre las adjudicaciones en sede judicial
